viernes, 28 de marzo de 2008

Hipótesis sociológica sobre la asamblea (Nancy Ochoa)

Por : Nany Ochoa


Recordemos que las leyes e instituciones constituyen el fruto de acuerdos sociales. No me refiero a los pactos de gobernabilidad entre actores políticos, sino al origen del Estado en general. Hablamos de “acuerdos”, pero no son acciones totalmente conscientes y voluntarias sino procesos colectivos.
La política moderna se realiza por medio de los partidos, que son espacios socialmente variados. Sin embargo, es posible detectar a qué grupo representa básicamente determinado partido en una sociedad fragmentada como la ecuatoriana.
Pues bien, me parece que el acuerdo social que sucedió en Ecuador en 1979 estaba apoyado principalmente en una clase media no muy numerosa. Los partidos de centro-izquierda (Izquierda Democrática y Democracia Popular, principalmente) eran los que mejor interpretaban aquel acuerdo que ha ido perdiendo vigencia en esta última década.
El país ya no es el mismo de entonces. Las ciudades han crecido y han aparecido variados sectores medios: grupos formados en relación a los oficios urbanos, que alcanzan hoy en día un mejor nivel económico del que tenían hace unos años, incluso a veces las familias de emigrantes recientes. Es posible, en cambio, que la clase media que sirvió de base al acuerdo social de 1979 haya visto disminuir su poder adquisitivo.
Mi hipótesis es que el proceso político que pretende conducir el actual presidente de la República se debe a la demanda de inclusión de nuevos sectores medios. El novedoso vigor de esos grupos ha hecho que se generalice el desprestigio del liderazgo político anterior. Algunos funcionarios públicos de la etapa democrática han utilizado las leyes e instituciones en beneficio particular, pero sólo en años recientes esa actitud se ha vuelto notoria y socialmente censurable.
Por ejemplo, quizás en otro momento histórico la gente no hubiera señalado la trampa con la que el Congreso sustituyó a Bucaram por un personaje como Fabián Alarcón, que sintetiza claramente lo que la mayoría del país piensa hoy de los políticos. Ya se había iniciado la decadencia. Los líderes de la asamblea constituyente de 1998 fingieron que expresaban un nuevo acuerdo social, pero como éste no ocurría verdaderamente, el deterioro continuó. Además, luego se presentó la crisis bancaria que coadyuvó al desprestigio de los gobernantes.
Es cierto que no puede haber sociedad sin respeto al marco jurídico. Pero es evidente que en el Ecuador el sistema político estaba trabado, por lo cual era urgente que se realicen transformaciones legales para que el Estado funcione y el país marche bien. Defender las leyes a ultranza parece una estrategia para que las cosas sigan igual.
Supongo que se podrán cambiar algunos puntos específicos de la normatividad para evitar que continúen los engaños legalistas. Para referirme a un cambio posible, el voto no debe ser obligatorio porque pierde el carácter democrático. Considero que ésa fue una táctica interesada de los partidos de 1979. Pero es adecuado que pueda votar la gente que no ha recibido educación escolarizada. No hacen falta estudios para tener conciencia política. Hay demasiados profesionales que no la tienen.
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En todos los aspectos de la vida la conciencia se forma sin relación estricta con la instrucción. Al contrario, las personas que sufren necesidades económicas tienen mayor sensibilidad para intuir la vía que les beneficia. Los prejuicios de quienes tenemos intereses que defender, nos pueden impedir ver clara la realidad.
Lo prioritario actualmente es que el sistema político corresponda a los cambios sociales. Cuando en una sociedad se dan las condiciones para un nuevo acuerdo, uno o varios grupos políticos lo lideran, pero termina siendo de todos. Se requiere, entonces, mucho desprendimiento por el bien del país.
No pretendo comparar, pero en muchos eventos históricos vinculados a la reivindicación de derechos, ha habido la tentación de “darle la vuelta a la tortilla”. La Revolución Francesa, las revoluciones comunistas en el siglo XX, las luchas de las mujeres, las luchas étnicas, etc., pueden ser consideradas revanchistas. No es que no deba haber “resentidos sociales” sino que no debe haber el motivo del resentimiento.
Ahora, en general, en el mundo, pensamos que pueden suceder acuerdos sociales sin exclusión y sin la violencia que caracterizó a las revoluciones. Esto implica una defensa del pluralismo. Ni siquiera los actores políticos que se han aprovechado del actual sistema deben ser excluidos. Eso sí, parece que en una situación como ésta ya no funciona el boicot. Quien se inclina por él, se auto-excluye, como pasó con los diputados destituidos, y como pasó, por ejemplo, con la oposición venezolana durante algunos años. En cambio, en las últimas elecciones, al fin hubo un líder a la altura de las circunstancias, que se enfrentó a Chávez y aceptó la derrota de manera democrática.
Allá la oposición había escogido el boicot, lo cual permitió al gobernante ganar terreno para realizar reformas a su antojo, seguramente con abusos, pues también importan los rasgos personales de los líderes: él es militarista y autoritario. Pero tal vez si la oposición hubiera entendido el momento histórico, hubiera podido limitar el desarrollo poco pluralista del proceso. Sin embargo, me da la impresión de que lo sucedido en Venezuela es, desde un punto de vista sociológico, diferente a lo que puede ocurrir aquí. La actual situación ecuatoriana se parece más al acuerdo social de 1959 que permitió allá la incorporación de variados sectores medios. Chávez, en cambio, ha pretendido incluir a los sectores económicamente marginados del campo y la ciudad que los 40 años de democracia habían producido.
En cuanto al imaginario colectivo, es interesante notar que antes en Venezuela no se aceptaba lo que todavía es un lugar común en el Ecuador, que el país está compuesto por dos países: una minoría y el resto de la gente. Por el contrario, el líder “bolivariano” ha dividido a la población en su discurso y ha logrado separarla en el imaginario colectivo para que las clases sociales entren en pugna.
Insistiendo en la tesis de que el proyecto de Correa tiene su base social en nuevos sectores medios, parecería que a los grupos urbano-marginales, a los indígenas serranos y a otros campesinos pobres no les ha llegado el turno todavía. Pero la marcha de las sociedades no es mecánica. El actual gobierno tiene la oportunidad de realizar políticas económicas y sociales que incorporen a otros sectores, de manera que no haga falta en el futuro un nuevo quiebre constitucional.
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En los países europeos no siempre se necesitaron guerras civiles. En Estados Unidos ha habido una sola Constitución porque la sociedad ha sido flexible en la incorporación de nuevos grupos. Con respecto a este último país, por ejemplo, en los años 50 del siglo pasado los estadounidenses eran considerados “maleducados” en otros lugares, lo cual era un síntoma de que el proceso de inclusión había sido reciente. Una sociedad incluyente va produciendo paulatinamente la conciencia cívica de los ciudadanos: me refiero al cuidado de los lugares públicos, la conducta respetuosa en el tránsito y otros detalles vinculados a una experiencia humana moderna.
Por cierto, también el comportamiento cívico de los gobernantes y funcionarios públicos. Aquello que en general llamamos “urbanidad” porque es una actitud que tiene relación con la urbe o ciudad, como la ciudadanía. Esta educación no es la instrucción, que también hace falta principalmente para que la población aprenda oficios o profesiones y pueda conseguir empleo.
Volviendo a la idea de que el actual proceso político tiende socialmente al acuerdo, observemos que apoyan la asamblea constituyente jóvenes universitarios y profesionales; empresarias y empresarios que confían en las posibilidades de inversión en el país, etc. A propósito de la actividad económica, después de la experiencia traumática del comunismo del siglo XX y del reciente descalabro del dogmatismo neoliberal, como en Argentina, las nuevas izquierdas tienen el reto de producir alternativas que realmente signifiquen el mejoramiento de la calidad de vida de la gente.
También hay grupos más politizados que defienden la asamblea, como las organizaciones indígenas y el resto de movimientos sociales. El presidente debe saber que un aspecto importante de su misión es unir a un país que las oligarquías del siglo XIX dividieron y los partidos políticos de los últimos 30 años mantuvieron fragmentado por intereses sectarios.
Si la ciudadanía comprendiera el sentido incluyente del proyecto, no temería que el Ejecutivo concentre todo el poder. Es obvio que no puede permitir el boicot, que la situación política es delicada porque no es imposible un derrocamiento, como ha sucedido en el pasado cercano. El gobierno tiene el derecho de defenderse y quienes no se sienten identificados con el proceso, tienen la obligación de participar para defender el pluralismo.
La actual asamblea constituyente es una ocasión para que el Ecuador logre un sistema político que funcione. Será más democrática una sociedad donde los sectores medios, que han surgido como consecuencia de los cambios económicos de las últimas décadas, sean el principal apoyo de un nuevo acuerdo social, y donde otros grupos contribuyan a preservar el equilibrio de poderes.